Los ataques contra las organizaciones de derechos humanos que operan en Israel, y que según miembros de varias de estas organizaciones, se desarrollan con el patrocinio de las autoridades y dirigentes políticos, no son nada nuevo. Sin embargo las agresiones parecen haberse acentuado en los últimos meses, sobretodo desde la presentación del informe de la Comisión Goldstone, de las Naciones Unidas, sobre la ofensiva militar israelí en Gaza iniciada a finales de diciembre del 2008, la cual se prolongó por casi tres semanas. Durante la contienda perdieron la vida cerca de 1450 ciudadanos palestinos y 13 militares israelíes.

En el informe Goldstone se acusa frontalmente tanto al Gobierno israelí como a grupos palestinos radicales, de haber perpetrado crímenes de guerra. En beneficio de la elaboración del informe varios miembros de organizaciones de derechos humanos fueron requeridos para testimoniar sobre los sangrientos hechos que la prensa internacional destacó por la desproporcionada violencia que usó el Ejército israelí. Esos testimonios han sido suficientes para que sectores conservadores de la política y la sociedad israelí se vuelquen contra varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y traten de impedir su funcionamiento.