Derechos Humanos,
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Racismo y xenofobia
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América Latina y el Caribe
23 de diciembre de 2010
En México se produjo un nuevo ataque contra personas migrantes que viajaban en un tren de carga entre los límites de Chiapas y Oaxaca. Hombres armados con pistolas y machetes asaltaron a decenas de personas migrantes que viajaban en el tren; secuestraron a unas 50 personas, entre ellas muchas mujeres y niños, y dejaron heridas a 20 más. Las víctimas, la mayoría de origen centroamericano, fueron atacadas la medianoche del jueves 16 de diciembre cuando huían de un operativo implementado por agentes federales en los límites de Chiapas y Oaxaca contra migrantes sin papeles. La responsable del Consulado de El Salvador en Chiapas, Vilma Mendoza, dijo que en esa operación policial realizada cerca de la comunidad de Chahuites, en los límites con Oaxaca, 92 migrantes (86 guatemaltecos, cinco hondureños y un salvadoreño) quedaron detenidos y encerrados en la garita migratoria de La Ventosa. En el operativo, algunas decenas de migrantes consiguieron escapar, pero curiosamente fueron asaltados y atacados por delicuentes.
Luisa Fernanda López, de Radio Nederland, nos ofrece la entrevista que ha conseguido mantener con uno de los migrantes atacados y con el sacerdote José Alejandro Solalinde, director del Albergue de Inmigrantes de la localidad de Ixtepec y coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana de Oaxaca, México, quien acogió y dio refugio a varios de los migrantes atacados. El sacerdote ha recibido amenazas por esa acción.
Vídeo del trabajo diario del sacerdote Alejandro Solalinde ayudando a migrantes sin papeles en el camino a la frontera Norte:
Organizaciones defensoras de derechos humanos mexicanas afirman que tan sólo en los últimos seis meses han sido secuestrados más de 10 mil hombres y mujeres, la mayoría centroamericanos, en la ruta migratoria sur-norte. Señalan al Estado mexicano como violador de los derechos humanos de los y las migrantes por omisión, ante la falta de contundencia para solucionar este problema, y por comisión ya que está comprobado que funcionarios públicos a nivel municipal, estatal y del Instituto Nacional de Migración han participado en los secuestros.
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