En España, desde la promulgación de la primera Ley de Extranjería en 1985, miles de personas extranjeras han estado internadas en "centros públicos de carácter no penitenciario" a la espera de ser expulsados por no tener los documentos requeridos para residir en el territorio. Estas pseudos-cárceles son llamadas Centros de Internamiento para Extranjeros, CIEs. Estos centros, junto con los otros campos de detención e internamiento de extranjeros en los aeropuertos, puertos y ciudades europeas y los construidos, con fondos europeos, en países africanos, como Libia y Mauritania, son uno de los pilares de la política de repatriación de la Europa fortaleza.

Es importante entender que las personas retenidas en los CIES no han cometido ningún delito, y son privadas de libertad por una falta administrativa, que una persona española saldaría con el pago de una multa.

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