El gobierno ’’de facto’’ de Honduras, mediante un decreto emitido el pasado viernes, ha suspendido la libertad de expresión, ha prohibido las manifestaciones y ha otorgado a las fuerzas de seguridad la potestad de cerrar los medios de comunicación que puedan "alterar la paz" del país, según informaron fuentes del Ejecutivo presidido por Roberto Micheletti.
Las autoridades golpistas, que dijeron al mundo que actuaban para defender la democracia en Honduras, han impedido en varias ocasiones que los medios de comunicación independientes que informan de las violaciones al Estado de Derecho de los golpistas, como Radio Globo, Cholusat Sur, Radio Liberada o Radio Progreso pudiesen emitir.

Representantes de estos medios creen que el decreto aprobado podría propiciar su cierre. Pero es que además, Radio Liberada de Honduras denunció que las "fuerzas represivas de la dictadura" detuvieron ilegalmente y golpearon a la periodista Agustina Flores López mientras transmitía al aire un reporte sobre el retorno de Zelaya.
La detención se produjo el martes 22 de septiembre. Los golpistas llevaron a la reportera a la posta del Manchén donde la dejaron encarcelada. La acusan de sedición, daños mayores y ataques a las mujeres policías que la detuvieron.

Ahora, el Gobierno golpista suspende durante 45 días la libertad de expresión, el derecho de asociación y de tránsito, y se prohíben todas aquellas concentraciones que no hayan sido autorizadas por la Policía o el Ejército. Además, se autoriza a las fuerzas de seguridad para que cierren a aquellos medios de comunicación "que no se ajusten a las disposiciones previas" y a que lleven a cabo detenciones sin órdenes de arresto previas.
Mientras tanto, el derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, mostró su repulsa ante la supresión de las garantías constitucionales decretada y atribuyó la muerte de más de 100 personas a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad hondureñas tras el golpe de estado del 28 de junio.

El mandatario depuesto denunció también la reciente muerte de una joven universitaria, Wendy Elizabeth Ávila, por la inhalación de gases tóxicos disparados frente a la embajada de Brasil por la Policía y el Ejército.

En la Embajada de Brasil, donde se encuentra Zelaya junto a un grupo de alrededor de cien personas, se confirman los ataques con gases tóxicos.

Por otra parte, el gobierno golpista señala que la embajada de Brasil en la capital hondureña podría ser despojada de su estatuto diplomático si en los próximos diez días no se define la situación de Zelaya, refugiado allí desde el lunes pasado. El viernes pasado, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, había dicho que Zelaya se quedará en su sede "el tiempo que sea necesario para garantizar su seguridad". Y agregó: "Lo que es anormal no es que Zelaya haya vuelto, sino que el tal Micheletti se haya quedado".