El juez Baltasar Garzón lanzó el martes una nueva redada en el País Vasco que se ha cobrado diez detenciones y que ejecutó la Policía española. Cinco de ellas se realizaron en la sede de LAB en la ciudad de Donostia. La acusación genérica difundida hasta ahora es la de intentar conformar una dirección política de la izquierda abertzale.
Lo que el Gobierno español dice y los medios de comunicación, fuera del País Vasco, reproducen es que los detenidos habían formado una especie de Mesa Nacional, reducida en el número, que habían denominado Bateragune (Centro de Unidad), y dicen las autoridades, recibían órdenes directas de ETA y que el contacto con la banda estaba protagonizado por Arkaitz Rodríguez Torres y Miren Zabaleta, hija de Patxi Zabaleta, líder del partido vasco Aralar, este sí legalizado por haber condenado los atentados.

Pero en el País Vasco se vuelve a dudar de las tesis del Gobierno y la policía española y del juez Garzón. Una gran mayoría critica que el Estado español vuelva a responder con detenciones de representantes políticos que son los que están realizando las ofertas de solución al conflicto. En un momento en que los propios medios españoles anunciaban próximos movimientos de la izquierda abertzale hacia una posible salida de paz, la Audiencia Nacional mandó a la Policía española a detener a una decena de representantes. No se les imputaría más delito que conformar lo que agencias definieron como «nuevo comité directivo de Batasuna».

Los detenidos son dirigentes históricos de la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga, Rufi Etxeberria, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez, quienes salieron esposados de la sede central del sindicato vasco LAB, en Donostia.

A las seis y media de la tarde del martes, los agentes de la Policía irrumpieron en la sede de LAB. Todos los trabajadores del sindicato fueron identificados, puestos contra la pared y retenidos durante horas en una misma habitación.

Luego se producirían más detenciones en otros puntos del País Vasco. A la espera del auto en que Garzón deberá concretar sus imputaciones, el dato político más relevante de la intención de esta redada son las declaraciones hechas por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el mes de agosto. Ante las afirmaciones de dirigentes independentistas de que harían una oferta política en otoño, Rubalcaba aseguró lo siguiente: «La respuesta va a ser radicalmente no. Esta es una farsa que dirige ETA y los tribunales ya han demostrado que ETA y Batasuna son lo mismo».

El periódico vasco Gara, señala que la operación policial fue precedida de diversas filtraciones periodísticas que trataban de vender la idea falsa de que la izquierda abertzale no iba a apostar por las vías políticas. Indica que el diario ``El País’’, por ejemplo, tituló el pasado domingo: «ETA frena las iniciativas de Arnaldo Otegi».

Desde diferentes sectores políticos y sociales, se critica esta nueva actuación del juez Garzón y del Gobierno español. Se estima que se están poniendo zancadillas a una opción política que respaldan miles de ciudadanos y ciudadanas del País Vasco, y que precisamente es desde ese núcleo donde se esperaban pasos significativos que conduzcan a un nuevo proceso de paz y diálogo.