En Honduras, el gobierno resultante del Golpe de Estado sigue reprimiendo a los campesinos de la región del Bajo Aguán. Las comunidades campesinas tienen un litigio de tierras con terratenientes de la zona. Se trata de terrenos asignados hace ya muchos años para el programa de reforma agraria del Estado hondureño. Varios grandes terratenientes, muchos de ellos extranjeros, se adueñaron de esas miles de hectáreas para realizar proyectos agroindustriales como el cultivo de la palma africana.

En abril de este año, y después de una serie de enfrentamientos violentos, se logró un acuerdo para repartir las tierras, pero ello solo se ha realizado parcialmente.

El conflicto se ha agudizado ahora especialmente con las tierras que ocupa el empresario Miguel Facussé, quien a sabiendas de que no le pertenecían, las sembró con palma, para exigir al Gobierno un alto precio por las mejoras de las tierras. Desde hace meses guardias privados de ese empresario se enfrentaron y asesinaron a campesinos.

En el contexto de la actuación de los guardias privados ahora entró en juego el propio ejército hondureño. En esa zona, a la altura de la comunidad Guadalupe Carney, se tiene un cerco militar enorme, que se mueve desde los cerros, en una posición agresiva que se apresta a agredir de manera brutal y violenta al pueblo campesino en resistencia del Aguán. Las comunidades campesinas afirman que esa operación se realiza como si fuera una guerra convencional y responsabilizan al Gobierno de Porfirio Lobo de cualquier agresión física, psicológica y demás violaciones a los derechos humanos tanto individuales como colectivos de que sea objeto las y los miembros de estas comunidades.