El Congreso español de los Diputados ha limitado la llamada Jurisdicción Universal, es decir, la capacidad de la Audiencia Nacional española para intervenir en procesos fuera del Estado español. El acuerdo se ha fraguado entre el gobernante Partido Socialista y el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Hay que recordar que la Audiencia Nacional tiene abiertas causas en España por presuntos genocidios en Tíbet, China, Guatemala, Israel o Ruanda entre otros.

Ante la limitación de poder enjuiciar violaciones de derechos humanos en diferentes países, distintos colectivos sociales del Estado español han firmado un manifiesto en apoyo de mantener intacto el principio de Legislación Universal que garantice el derecho de las víctimas, más allá de las fronteras.

El programa El Candelero, de Radio Vallekas, en Madrid, preguntó sobre este asunto a Elena Vázquez, abogada, perteneciente a unas de las asociaciones firmantes, SOS Racismo.