Este próximo sábado se van a realizar manifestaciones en muchas localidades de todo el Estado español reclamando el fin de la monarquía y a favor de la III República. Decenas de colectivos, organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos estiman que el modelo de la Transición de la dictadura a la democracia está agotado y con él la figura del rey a la cabeza. En el comunicado afirman que la Constitución de 1978 que ampara el sistema económico y la estructura monárquica del Estado son una rémora para el desarrollo de un proyecto auténticamente democrático, liderado por las mayorías populares y que se posicione en la defensa de la soberanía popular y la solidaridad entre los pueblos, y ese es el marco de la III República que cada vez está más próxima.

Aseguran que la monarquía borbónica, integrante y heredera de la dictadura fascista, está más deslegitimada cada día. A día de hoy, de hecho, la monarquía no ha condenado la dictadura fascista de Francisco Franco, pero sin embargo, si quedan para la historia las palabras del rey Juan Carlos I, en su proclamación dos días después de la muerte de Franco. El 22 de noviembre de 1975, el rey calificaba de "figura excepcional" al responsable de miles de ejecuciones y de 40 años de dictadura.

Este año las manifestaciones ponen encima de la mesa de debate y crítica la crisis capitalista que está generando millones de desempleados, precariedad laboral y recorte de derechos. Los colectivos republicanos indican que a la degradación general de las relaciones laborales se suma un proyecto educativo como el Plan Bolonia destinado a perpetuar a la juventud en unos modelos estrictamente mercantilistas del conocimiento, la creciente discriminación de la mujer con unos salarios que en algunos sectores suponen el 60% del que cobra un hombre por realizar las mismas funciones, y con una Ley de Extranjería que criminaliza a los inmigrantes y los persigue hasta lograr su expulsión, atentando incluso contra las normas internacionales humanitarias que dicen defender en sus foros. También critican los procesos privatizadores de servicios básicos como la sanidad.

Afirman que la negación del derecho de autodeterminación de los pueblos, la guerra sucia, la represión y la tortura institucional se muestran como las garantes del mantenimiento de la “unidad nacional” en torno a la figura del rey Juan Carlos I.