La Audiencia Nacional española ha condenado a tres años de prisión al general del Ejército Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las no identificaciones de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente del avión militar Yak-42. La fiscalía solicitaba cinco años de prisión para cada uno de ellos.

La sentencia impone también seis meses de multa para Navarro. Se trata de la primera condena que este tribunal impone a un general del Ejército en toda su historia.

El 26 de mayo de 2003, un avión Yakovlev 42-D de fabricación rusa se estrelló en Turquía cerca del aeropuerto de Trebisonda con 75 personas. El pasaje lo formaban 62 militares españoles, que regresaban a España tras cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguizistán, todos ellos fallecieron junto a 12 tripulantes ucranianos, y un ciudadano de origen bielorruso. Este accidente aéreo se convirtió en la peor tragedia del Ejército español en toda su historia en tiempo de paz.

A los dos días del accidente, el entonces Gobierno del Partido Popular, y bajo la responsabilidad del ministro de defensa, Federico Trillo, ordenó realizar un funeral de Estado retransmitido en directo por las cadenas de televisión de ámbito estatal. Luego se supo que 30 cadáveres fueron trasladados sin identificar y las familias recibieron restos mortales que no correspondían a sus familiares muertos.

En el juicio, los testimonios de dos forenses turcos, que se presentaron sin haber sido citados previamente y a quienes trajeron los familiares de las víctimas, fueron los más relevantes. Ambos confirmaron que el equipo español era consciente de que se llevaba la mitad de los cadáveres sin identificar y sin haber realizado pruebas biológicas, porque "tenían prisa" para llegar al funeral de Estado.

La vista oral comenzó el pasado 24 de marzo y se desarrolló durante nueve sesiones, en las que intervinieron un total de 21 testigos. El presidente del tribunal se negó a citar como pedían los familiares al ex ministro de Defensa Federico Trillo y al ex presidente José María Aznar. Las familias siguen reclamando que se depuren las responsabilidades políticas del caso.