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África
10 de noviembre de 2009
En aguas de las costas de Somalia, desde hace más de 40 días, un pesquero vasco, el Alakrana se haya secuestrado por piratas de ese país. Los 36 marineros retenidos están mostrando su angustia a sus familias a través de comunicaciones telefónicas. El conflicto se ha convertido en una especie de juego de ajedrez entre las personas que asaltaron el barco y el Gobierno y la Justicia española. A los pocos días del asalto, el ejército español consiguió apresar a dos de los asaltantes que fueron detenidos, trasladados a España y puestos a disposición judicial. La polémica se multiplicó con las dudas de si una de esas personas detenidas es o no mayor de edad. Los asaltantes, en su negociación para la liberación del barco exigen que los dos detenidos regresen a Somalia. Y ahora el Gobierno estudia la posibilidad de firmar un convenio con Somalia para juzgarlos en ese país o bien para que puedan cumplir allí la condena.
El Gobierno español en las últimas horas ha dicho que la situación está encauzada y algunas fuentes aseguran que el pago del rescate ya se ha efectuado, hecho que el Gobierno niega, entre otras cosas porque sería ilegal.
Pero tras la tragedia de los 36 marineros retenidos y sus familias, hay que profundizar y analizar en la realidad de la piratería en la zona. Una realidad que tiene mucho que ver con la tremenda pobreza que sufren los pescadores locales en contraste con la impunidad con la que los grandes barcos internacionales se llevan el pescado de sus costas.
En las costas somalí y keniana la ciudadanía está contenta de que los piratas alejen a los barcos internacionales de las costas, porque desde que lo hacen, curiosamente, la pesca ha regresado. Ver vídeo sobre esta cuestión:
Con nuestra solidaridad y apoyo a los marineros retenidos y sus familias, es también necesario lanzar otra mirada distinta a la piratería somalí.
Los compañeros del programa “Pasa la Voz” de la Asociación Koordinadora de Inmigrantes, KOIN, nos ofrecen dos reflexiones, la del analista peruano Luciano Olazábal y la del abogado Demóstenes Mamami, miembro de la Comisión Jurídica de la Koordinadora de Inmigrantes.
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