A falta de pocos días para las elecciones nacionales de Uruguay, la Suprema Corte de Justicia declaró el pasado lunes inconstitucional la ley que impidió, durante dos décadas, la investigación y juicio a militares por torturas y desapariciones durante la dictadura, entre los años 1973 y 1985.

Junto a la primera vuelta de la elección presidencial, del próximo domingo 25, los uruguayos están convocados a un plebiscito para definir si se anula o no la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado sobre los crímenes en dictadura, que fuera votada por el Parlamento a finales de 1986, cuando se supo que los militares no irían a los juzgados y desacatarían a las instituciones democráticas.

Un plebiscito en 1989, bajo similares amenazas castrenses, ganó con la papeleta amarilla y mantuvo la ley contra los partidarios del voto verde, que querían derogar la norma que obligaba a los jueces a consultar al gobierno si podían actuar o no sobre denuncias de delitos de lesa humanidad, aunque en teoría permitía investigar desaparición de niños y delitos económicos.
Hubo que esperar a 2005 para que el Frente Amplio de centroizquierda llegara al gobierno y el presidente Tabaré Vázquez permitiera a los jueces actuar, tras lo cual fueron encarcelados los ex mandatarios de facto, el presidente civil Juan María Bordaberry y el general retirado Gregorio Álvarez, más unos pocos represores más.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.